El viceministro del Transporte, Óscar Stark, se refirió al nuevo reclamo que presenta la Ucetrama, por un dinero que debe ser abonado por el servicio prestado.

“Le debemos el subsidio. Podríamos decir que unos tres meses y medio es lo que tenemos de atraso, pero estamos pagando como Estado unos G. 30.000 millones al mes, lo que hace que mes a mes estemos recuperando”, dijo Stark, en comunicación con la emisora 730 AM.

Consultado sobre la suma exacta que está pendiente, estimó que son unos 7 millones de dólares aproximadamente, correspondiente a 39 empresas.

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Sobre el punto, admitió que, con el dinero que los transportistas reciben al contado de parte del pasaje que pagan los usuarios, solamente se puede cubrir el costo del combustible, lo cual, hace que necesiten, cuanto menos, disminuir la brecha de atraso.

Por su parte, Andrés Mallada, vocero de la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama), explicó que, de momento no analizan ir a un paro, pero que exigen una solución al conflicto financiero.

“La realidad es que no hay condiciones de continuar de esta manera y que el ciudadano asunceno y del área Metropolitana está siendo humillado”, admitió. Se espera que ambos sectores-Gobierno y empresas- lleguen a un acuerdo para evitar medidas drásticas.

El diputado Yamil Esgaib es el autor del proyecto que modifica el Código Penal y plantea favorecer a los condenados por el simple hecho de ser funcionarios públicos.

La propuesta conocida como devolución premiada estipula que los funcionarios corruptos podrán disminuir sus sentencias al 50 %, en caso de que devuelvan lo robado (una vez descubiertos).

El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara Baja y tendrá sanción ficta el 31 de mayo, por ello, el tratamiento figura hoy en el orden del día de la sesión extraordinaria del Senado.

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A criterio del senador colorado, Derlis Maidana, el proyecto ningunea el principio del artículo 46 de la Constitución Nacional, sobre la igualdad ante la ley, al beneficiar a una persona por el simple hecho de estar en la función pública.

“No podemos hacer ningún tipo de discriminación a favor de funcionarios para que sean ciudadanos de primera. No es justo que otros ciudadanos, por haber cometido igual hecho punible, tengan una pena mayor”, opinó el legislador.

A juzgar por la posición del senador de Honor Colorado, se cree que existirían los votos necesarios para el rechazo de este proyecto que, no hace más que premiar a funcionarios que son descubiertos robando y que, una vez sorprendidos (no por arrepentimiento) y con la soga al cuello, devuelven el dinero.

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El domingo último, en horas de la noche, una pelea entre varias personas, que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas durante una actividad para recaudar fondos en la institución educativa “San Jorge”, terminó de manera fatal. Un joven recibió una herida de cuchillo a la altura del pecho muriendo en el lugar. En tanto, el supuesto autor se dio a la fuga y se encuentra con paradero desconocido.

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Según el informe policial, el homicidio fue reportado al sistema 911 por el profesor Lorenzo Martínez Peralta, quien relató a los agentes policiales de la subcomisaria 26° que el supuesto autor del crimen, José González mantuvo una discusión con los hermanos Florencio, Miguel y Osvaldo Leite Martínez, con quienes compartía una ronda de tragos.

En ese ínterin, Juan Carlos Cristaldo Peralto intentó evitar que la discusión continúe, pero lastimosamente ocurrió todo lo contrario. El joven recibió una puñalada a la altura del pecho y murió en el sitio, por parte de José González se dio a la fuga del lugar tras el hecho.

Los datos que maneja la Policía Nacional es que González es cutis moreno, flaco, alto, únicos datos, domiciliado en la colonia San Jorge. El objetivo es encontrarlo para que rinda cuentas ante la Justicia. El caso se comunicó al Ministerio Público para los procedimientos de rigor.

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Sin el ruido mediático de otras ocasiones, este martes se reunirán el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez y el de Minas y Energías de Brasil, Alexandre Silveira.

El funcionario del país vecino adelantó la misión que le encargó el jefe de Estado brasileño. “El Gobierno no permitirá aumentos en la factura eléctrica al negociar las tarifas de la hidroeléctrica binacional de Itaipú con Paraguay (…) El presidente Lula decidió que no aumentaremos las tarifas energéticas para los consumidores brasileños”, comentó Silveira a medios de su país.

En Paraguay, el canciller nacional, Rubén Ramírez, comunicó que la tarifa será anunciada en breve, de manera conjunta, pero que todavía existen detalles finales por afinar.

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No obstante, se sabe que la tarifa acordada regirá por dos años, periodo en el que se pretende tener las condiciones óptimas para negociar el Anexo C. También se conversa sobre el plan operativo de la binacional.

La posición de Paraguay es elevar la tarifa a USD 22.60, mientras que, Brasil pretende una disminución importante, bajo el argumento que el componente de mayor peso de la tarifa: la deuda, ya terminó de pagarse el año pasado.

A criterio del ingeniero Victorio Oxilia, experto en materia energética, que se mantenga la actual tarifa de USD 16.71 KW, representaría un logro para nuestro país, tomando en cuenta la disminución que de por sí corresponde al haberse cubierto la deuda.

Los principios sobre los que se administrará el Anexo C son otro aspecto sobre mesa. El trabajo técnico está liderado por los ministros de Energía de Brasil y de Industria y Comercio de Paraguay. La revisión también consta de una arista diplomática, la cual, por ende, es función de los cancilleres de ambos países.

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